El Senado argentino se encuentra debatiendo un proyecto de ley crucial que busca declarar la emergencia en el sector de la discapacidad. Organizaciones y activistas se han movilizado frente al Congreso para exigir su aprobación, ante una situación que consideran insostenible.
El Ajuste y sus Consecuencias
Desde el año pasado, las organizaciones de personas con discapacidad han denunciado un drástico plan de ajuste que impacta negativamente en sus vidas. Este plan incluye:
- Recorte de cientos de miles de pensiones.
- Desfinanciamiento del sistema de prestaciones de salud y educación.
- Desguace de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), el organismo encargado de aplicar las políticas públicas del sector.
Un informe de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) revela datos alarmantes: la pensión por invalidez laboral se mantiene en $217.000 mensuales (el 70% de una jubilación mínima), mientras que una maestra de integración en la escuela común cobra alrededor de $3.000 por hora, y recién a los 180 días. Los talleres protegidos reciben una asignación estímulo de tan solo $28.000 mensuales, sin actualización desde febrero de 2023.
¿Qué propone la Ley de Emergencia?
El proyecto de ley que se debate hoy en el Senado busca revertir, al menos en parte, este ajuste. Si bien su costo fiscal es mínimo, podría mejorar significativamente la calidad de vida de millones de personas con discapacidad. La Fundación de Desarrollo Humano Integral, Argentina Humana Inclusiva, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a otras agrupaciones, se concentraron frente al Congreso para exigir la aprobación de esta ley vital.
La situación actual es una emergencia, agravada por políticas que han afectado gravemente a un sector vulnerable de la sociedad. La aprobación de esta ley es un paso crucial para garantizar sus derechos y mejorar su calidad de vida.