La Justicia frena el desguace del INTI: ¿Un respiro para la ciencia y la tecnología?
Un fallo judicial reciente ha puesto un alto a las intenciones del gobierno de Javier Milei de avanzar con el cierre y reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza Martina Forns dictaminó una medida cautelar que suspende por seis meses cualquier cambio en el organismo, incluyendo despidos, traslados y supresión de áreas.
La decisión judicial responde a una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes denunciaron el intento de desmantelamiento del INTI a través del decreto 462/2025. Este decreto buscaba transformar el INTI en una dependencia de la Secretaría de Industria y Comercio, además de transferir sus ingresos al Tesoro Nacional.
El gobierno justificaba la medida argumentando una supuesta estructura sobredimensionada del INTI y la necesidad de optimizar sus recursos. Sin embargo, los trabajadores y diversos sectores de la sociedad civil denunciaron que se trataba de un ataque directo a la ciencia y la tecnología nacional.
¿Qué implica este fallo?
La medida cautelar dictada por la jueza Forns implica que, durante los próximos seis meses, el gobierno no podrá realizar ninguna modificación en la estructura del INTI. Esto incluye:
- Despidos y traslados de personal.
- Supresión de áreas y programas.
- Reubicaciones de empleados.
Este fallo representa un respiro para los trabajadores del INTI y para la comunidad científica en general. Sin embargo, la batalla no ha terminado. La medida cautelar es solo un freno temporal al intento de desguace del organismo. ATE y otros actores sociales deberán seguir luchando para defender el INTI y garantizar su continuidad como institución clave para el desarrollo industrial y tecnológico del país.
La Rural y el INTA: ¿Un modelo en disputa?
Mientras tanto, desde sectores como La Rural se presiona por un INTA al servicio de los agronegocios, con menos derechos laborales y sin investigación crítica. La defensa del INTI pasa por garantizar su autonomía y su rol estratégico en el desarrollo de un modelo productivo inclusivo y sostenible.