La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el Estado provincial de Entre Ríos asuma los costos legales del proceso judicial que involucró a Cecilia Goyeneche, la exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción que fue destituida de su cargo en 2022. Esta decisión marca un nuevo capítulo en un caso que ha generado controversia y debate en el ámbito judicial y político de la provincia.
Los montos exactos que deberá abonar el Estado aún no han sido determinados y se definirán en una instancia posterior. Sin embargo, la resolución emitida este martes se produce tras la anulación de la destitución de Goyeneche, quien lideró investigaciones contra el ex gobernador Sergio Urribarri, condenado en 2022 por corrupción.
Un fallo histórico de la Corte Suprema
En diciembre de 2024, el máximo tribunal ya había fallado a favor de Goyeneche, declarando nula la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que la removió de su cargo. No obstante, en esa ocasión no se había resuelto la cuestión de las costas judiciales, lo que llevó a la exfuncionaria a presentar un nuevo recurso.
La resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se basa en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que las costas deben ser impuestas a la parte vencida, salvo que existan razones para apartarse de esa regla. En este caso, la Corte consideró que no existían tales razones, por lo que el Estado entrerriano deberá asumir todos los gastos del prolongado proceso judicial.
Implicaciones del fallo
La decisión de la Corte Suprema implica que el Estado deberá cubrir las tasas judiciales, los costos de notificación y otros desembolsos relacionados con el proceso, así como los honorarios de los abogados que representaron a Goyeneche: Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla. Además, se ordenó la devolución del depósito judicial dispuesto en la sentencia de diciembre pasado.
Este fallo representa un importante respaldo para Goyeneche y sus abogados, y sienta un precedente relevante en materia de responsabilidad del Estado en los procesos judiciales. La decisión de la Corte Suprema subraya la importancia de garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, incluso en casos que involucran a funcionarios públicos y figuras políticas de alto nivel.