El Gobierno argentino oficializó el disolución de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Boletín Oficial, generando una serie de consecuencias significativas para miles de militares y sus afiliados. Este cambio, realizado en febrero de 2026, marca un punto de inflexión en la historia de las instituciones militares en el país. Según fuentes oficiales, la medida se justifica por deudas millonarias acumuladas por la administración anterior.
La medida implica la creación de dos nuevas entidades autárquicas: una dedicada al personal militar y otra para las fuerzas federales de seguridad. Este proceso busca evitar el colapso financiero de la institución, que había sido criticada por su gestión y falta de transparencia. Los militares y sus familias, que dependían directamente de esta obra social para acceder a beneficios como salud, educación y pensiones, están ahora esperando una nueva estructura que garantice su derecho a los beneficios.
La decisión ha generado preocupación en el sector, especialmente entre los afiliados que han vivido con el riesgo de perder acceso a servicios esenciales. Según informes de organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ATE), muchos de los beneficiarios podrían enfrentar dificultades para mantener sus aportes y coberturas.
El Gobierno ha justificado la medida como una necesidad para mejorar la eficiencia y la administración de las entidades públicas. Sin embargo, los militares y sus representantes sostienen que la disolución es una medida abrupta que no considera adecuadamente las necesidades reales de los afiliados.
Es importante destacar que la IOSFA, que existió desde la década de 1980, ha sido históricamente una institución clave para el desarrollo de la fuerza militar. Su disolución representa un desafío para la adaptación de los beneficiarios a un nuevo sistema que aún no está completamente definido. Los militares, en su mayoría, tienen que enfrentar un proceso de reorganización que puede ser complejo y costoso.
El análisis de la situación sugiere que, aunque el gobierno busca resolver problemas financieros, la medida podría generar un vacío en el sistema de beneficios. Los afiliados necesitan garantías claras sobre cómo sus derechos serán protegidos en el nuevo marco.