El caso del exvendedor de Manaos, empresa fabricante de la gaseosa Refres Now SA, ha generado un escenario de confusión y controversia en el ámbito judicial argentino. El fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, que redujo una indemnización inicial de más de $1.463 millones a poco más de $807 millones, ha desencadenado debates sobre la precisión de los cálculos legales y su impacto en el mercado laboral.
El caso, que involucra a Orlando Canido, fundador y principal dueño de Manaos, se originó en una demanda laboral iniciada hace cuatro años por un exdistribuidor de la gaseosa. La Corte de Mendoza había otorgado una indemnización de más de $1.463 millones, pero la Corte Suprema de Justicia de Mendoza redujo este monto a poco más de $807 millones, dividiéndolo en una indemnización de USD 223 millones y intereses por $584 millones.
En una entrevista publicada el 15 de febrero de 2026, Canido expresó: «No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras». Esta frase refleja la desconfianza del dueño sobre la exactitud de los cálculos realizados por el sistema judicial. El caso ha sido ampliamente analizado por medios de comunicación y especialistas en derecho laboral, quienes señalan que el fallo podría ser un ejemplo de cómo las normativas legales actuales, aplicadas de manera rigurosa, generan resultados que, aunque justos, pueden ser contradictorios con la percepción común.
El tema central de este caso se entrelaza con las reformulaciones actuales en el ámbito laboral argentino, especialmente en el cálculo de las indemnizaciones. Los especialistas en derecho laboral destacan que el caso es un ejemplo de la necesidad de clarificar las normativas sobre las indemnizaciones en las relaciones laborales, ya que las cantidades pueden variar según la interpretación de las leyes y los criterios de aplicación.
La Corte de Mendoza, en su fallo, aplicó una fórmula que consideró los intereses por el tiempo transcurrido desde la demanda hasta el momento del fallo, lo que generó una cifra significativa. Los especialistas en derecho laboral señalan que el caso es un ejemplo de la complejidad en el cálculo de las indemnizaciones en el ámbito laboral argentino, donde factores como la tasa de interés, la duración del contrato, y otros elementos pueden influir en el resultado final.
Este caso también ha sido objeto de discusión en el contexto de la reformulación de las normativas laborales en Argentina, donde se busca establecer un sistema más claro y transparente para calcular indemnizaciones. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza ha sido crítica en el uso de las fórmulas que, en algunos casos, pueden generar resultados que, aunque técnicamente correctos, son difíciles de entender para las partes involucradas.
El tema de la indemnización de $807 millones ha generado un debate sobre