En medio de la creciente crisis habitacional que afecta a Argentina, una controversia ha estallado en Avellaneda: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha sido acusada de reasignar viviendas del programa Procrear, originalmente destinadas a familias del distrito, a miembros de las fuerzas federales.
¿Qué pasó en Avellaneda?
Según denuncias de vecinos y afectados, Bullrich habría llevado a cabo un acto con un fuerte despliegue policial para entregar departamentos del edificio Sagol, construido con fondos del ex programa Procrear durante la gestión de Alberto Fernández. Estas viviendas, adjudicadas en 2023 a 160 familias de Avellaneda, ahora estarían en manos de efectivos de las fuerzas de seguridad.
Agostina Ortiz, una vecina que había obtenido un PROCREAR a fines de 2023, relata su sorpresa al descubrir que el departamento que le correspondía había sido otorgado a otra persona. En diálogo con Ari Lijalad, explicó que la decisión fue tomada por Patricia Bullrich, privando a los ganadores originales de su derecho adquirido.
Justificación oficial y críticas
El Ministerio de Seguridad Nacional, junto al Ministerio de Economía, justificaron la medida como una respuesta a una “necesidad estructural detectada entre los efectivos”, afirmando que forma parte de un “enfoque integral de mejora en las condiciones de vida del personal”. Se informó que las viviendas serán administradas directamente por las fuerzas, garantizando su cuidado y mantenimiento.
Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas, especialmente en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil para muchos argentinos. La reasignación de viviendas ya adjudicadas a familias que cumplieron con los requisitos del programa Procrear ha sido calificada como una injusticia y una falta de respeto a los derechos adquiridos.
¿Qué futuro le espera a esta controversia?
La polémica en Avellaneda pone de manifiesto la tensión entre las necesidades de las fuerzas de seguridad y el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona esta situación y si se toman medidas para compensar a las familias que perdieron la posibilidad de acceder a su vivienda propia.