La controversia sacude la política jamaiquina tras la decisión del Comité Parlamentario Conjunto de modificar la Ley de la Comisión de Integridad de 2017. La propuesta, impulsada por Everald Warmington, miembro del Parlamento por St Catherine South Western, busca la remoción del Auditor General (AG) como comisionado de la Comisión de Integridad (IC).
Según la Sección 8 de la Ley de la IC de 2016, la Comisión debe estar integrada por el Auditor General y otras cuatro personas designadas por el Gobernador General, previa consulta con el Primer Ministro y el líder de la Oposición. Warmington argumenta que la presencia del AG en la IC viola la constitución, sugiriendo que los legisladores se equivocaron al incluirlo.
Los miembros del gobierno justifican la decisión argumentando que la IC, con un presupuesto anual de casi 2 mil millones de dólares provenientes del Estado, debe someterse a una auditoría rigurosa, solo posible a través del Departamento del AG. Actualmente, la IC es auditada por una firma contable independiente, pero para el gobierno, esta auditoría no es lo suficientemente exhaustiva para el nivel de recursos que maneja la comisión.
La oposición, representada por Morais Guy y Julian Robinson, se opuso a la medida. Consideran que la presencia del AG como comisionado de la IC no presenta ningún problema. El Partido Laborista de Jamaica (JLP) acusa al Partido Nacional del Pueblo (PNP) de hipocresía, señalando que en 2019, el PNP había solicitado cambios similares a la Ley de la Comisión de Integridad.
El presidente del PNP, Mark Golding, califica la decisión como un ataque deliberado a la arquitectura anticorrupción de Jamaica. Afirma que el Auditor General ha sido miembro de los principales organismos de supervisión de la integridad desde la independencia.
¿Qué implicaciones tiene esta decisión?
La remoción del Auditor General de la Comisión de Integridad plantea interrogantes sobre la independencia y la efectividad de la lucha contra la corrupción en Jamaica. La oposición teme que esta medida debilite la supervisión y el control de los fondos públicos.
El gobierno, por su parte, defiende la decisión como una forma de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la Comisión de Integridad. Aseguran que la auditoría realizada por una firma independiente no es suficiente para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
El debate sobre la remoción del Auditor General de la Comisión de Integridad continúa generando polémica en Jamaica, con acusaciones de hipocresía y preocupaciones sobre el futuro de la lucha contra la corrupción.