La movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner hacia la Plaza de Mayo se vio marcada por fuertes controles policiales implementados bajo el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde la noche del martes, micros que se dirigían a la concentración fueron objeto de requisas y demoras en distintos puntos del país, generando tensión y denuncias de amedrentamiento.
Operativo Policial en Rutas y Autopistas
En la Ruta 9, que conecta Rosario con Buenos Aires, patrulleros de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional obligaron a los micros a disminuir la velocidad y detenerse para requisar los vehículos. Los pasajeros fueron conminados a bajarse en medio de la noche y las bajas temperaturas, generando malestar y preocupación.
Controles en la Autopista Ricchieri
Uno de los puntos críticos de los controles policiales fue la autopista Ricchieri, que une el conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. Agentes de las fuerzas de seguridad, bajo las órdenes de Patricia Bullrich, ingresaron a los micros en búsqueda de elementos que pudieran incriminar a los pasajeros, con el objetivo de demorar o incluso secuestrar los vehículos. Se denunció que los operativos eran realizados por policías y gendarmes rasos, en grupos de ocho o diez, entorpeciendo la circulación dentro de los micros y sin ofrecer garantías a los pasajeros.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
1. Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
2. Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
3. Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
4. Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
5. Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
La situación generó fuertes críticas por parte de organizaciones sociales y políticas, que denunciaron un intento de obstaculizar la movilización y limitar el derecho a la protesta.