A más de una década de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la investigación da un giro inesperado. La fiscalía, liderada por Eduardo Taiano, se prepara para citar a 90 militares de Inteligencia que operaron bajo las órdenes del ex jefe del Ejército, César Milani, en el momento del trágico suceso, ocurrido el 18 de enero de 2015.
Esta acción, que se espera se concrete a partir de agosto, una vez finalizada la feria judicial, se fundamenta en la reciente desclasificación de archivos secretos de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) por el gobierno de Javier Milei, atendiendo a la solicitud de la fiscalía.
La fiscalía busca esclarecer el rol de los servicios de inteligencia en la muerte de Nisman, una hipótesis central en la investigación. Se sostiene que Nisman fue asesinado, descartando la teoría del suicidio, y se busca identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
Waldo Wolff, exvicepresidente de la DAIA, en declaraciones a Cadena 3, enfatizó la existencia de un "aparato de inteligencia paralela" con una actividad significativa en el período investigado. La fiscalía también planea citar a más de 200 miembros identificados como Personal Civil de Inteligencia (PCI) que trabajan en distintos organismos de las fuerzas armadas.
¿Qué esperan encontrar en los testimonios?
La fiscalía de Eduardo Taiano solicitó información sobre las actividades de las direcciones de Inteligencia del Ejército y otras fuerzas de seguridad relacionadas con el trabajo de Nisman en la Unidad Fiscal AMIA, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutual judía.
Se espera que los documentos desclasificados y los testimonios ofrezcan nuevas pistas sobre la posible participación de los servicios de inteligencia en la muerte del fiscal, proporcionando información crucial para avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.
El contexto político y la investigación
Es importante recordar que el crimen de Nisman ocurrió poco después de que denunciara a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA. La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.