El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha confirmado la concreción de un nuevo acuerdo REPO ( repurchase agreement) por un monto de USD 2.000 millones con un conjunto de bancos internacionales. Esta operación financiera tiene como objetivo principal fortalecer las reservas del país, superando así la marca de los USD 40.000 millones.
Detalles del Acuerdo REPO
Este nuevo REPO se suma a una serie de estrategias implementadas por el gobierno para mejorar el nivel de reservas internacionales. Luis Caputo, ministro de Economía, ya había anticipado esta medida como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), buscando alternativas para complementar los USD 12.000 millones aportados por el organismo. La tasa de este REPO se situó en 8,25% anual.
Otras Medidas para Aumentar las Reservas
Además del REPO, el gobierno ha recurrido a otras herramientas financieras. Entre ellas se destaca la colocación del BONTE 2030, un título en pesos destinado al mercado internacional, con el que se captaron USD 1.000 millones. Asimismo, se anunció la emisión de nuevos títulos en dólares a partir de junio, tanto para inversores locales como extranjeros, con el objetivo de alcanzar hasta USD 7.000 millones adicionales antes de fin de año. El BCRA reabrió el BONTE 2030 que deberá suscribirse por un monto de hasta 500 millones de dólares.
Estas políticas están alineadas con el compromiso asumido ante el FMI de acumular reservas, evitando la necesidad de intervenir directamente en el mercado cambiario y así, controlar la emisión de pesos.
Contexto Económico y Opiniones
Analistas señalan que la capacidad del gobierno para asegurar este tipo de financiamiento refleja una cierta confianza de los mercados internacionales, aunque las tasas de interés aún reflejan riesgos percibidos.
Si bien, el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.