Miles de personas se movilizaron hoy a Plaza de Mayo en una demostración de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su prisión domiciliaria en el marco de la Causa Vialidad. La convocatoria, impulsada por el Partido Justicialista, organizaciones sociales y diversos sectores de la militancia, buscó denunciar lo que consideran una “proscripción política” y un ataque judicial contra la exmandataria.
La movilización originalmente planeada hacia Comodoro Py, sede de los tribunales federales, fue redirigida a Plaza de Mayo en respuesta a la notificación judicial a Cristina Fernández de Kirchner. El cambio de planes no disminuyó el fervor de los manifestantes, que desde temprano comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la ciudad para marchar hacia la plaza histórica.
Diversas Convocatorias Convergen en Plaza de Mayo
El Partido Justicialista Nacional convocó a sus militantes en Avenida San Juan y San José, mientras que La Cámpora se reunió en Belgrano y 9 de Julio. Otras organizaciones como Patria Grande, Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador y la Izquierda también realizaron sus propias convocatorias, confluyendo todas en Plaza de Mayo.
El Operativo de Seguridad de Bullrich Genera Controversia
La movilización se vio empañada por un fuerte operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Desde la noche anterior, se denunciaron controles vehiculares exhaustivos en rutas y accesos a la ciudad, afectando principalmente a micros que trasladaban manifestantes. Se reportaron requisas, solicitud de documentos y demoras injustificadas, incluso afectando a colectivos de línea y a contingentes escolares.
Este operativo fue calificado por algunos sectores como un intento de amedrentar y dificultar la participación en la marcha, generando fuertes críticas hacia la ministra Bullrich. Las imágenes de gendarmes subiendo a micros y solicitando documentación a los pasajeros se viralizaron en redes sociales, alimentando el debate sobre la proporcionalidad y la legalidad de las medidas implementadas.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. Entre los cuestionamientos se encuentran la falta de imparcialidad judicial, acusaciones de lawfare, violación del principio de “non bis in idem”, ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba, celeridad inusual del proceso, desproporcionalidad de las penas impuestas y exposición mediática parcial y anticipada del caso.